Ministra Delpiano: “Tenemos una oportunidad histórica y la responsabilidad de sentar las bases para un nuevo sistema de Educación Superior”

martes 18 de abril, 2017

La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que establece un avance progresivo de la Gratuidad, fortalece la calidad de las instituciones y crea herramientas para regular y supervisar el sistema, junto con sancionar el lucro.

El Ejecutivo además comprometió el envío de una iniciativa para fortalecer a las universidades estatales y otra para reemplazar el CAE por un crédito sin participación de la banca.

El proyecto de ley de reforma a la educación superior tuvo un importante avance este lunes, luego que la Cámara Baja lo aprobara en general, en su primer trámite constitucional.

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, agradeció el apoyo de los parlamentarios a esta iniciativa. “Lo que hemos visto en el último tiempo, más allá de los temas técnicos, es el impacto de ciertas medidas aplicadas en este nivel, han tenido para familias de sectores bajos y medios, que han visto la posibilidad de que sus hijos lleguen a la educación superior y que Chile no pierda talentos. Estamos contentos y estoy segura que en el debate democrático va a salir el mejor proyecto posible”, sostuvo la secretaria de Estado.

La autoridad del Mineduc agregó que “cuarenta años de desregulación y una profunda heterogeneidad no se desmontan de la noche a la mañana. Sin embargo, tenemos la oportunidad histórica y la responsabilidad de sentar las bases para la construcción de un nuevo sistema de educación superior, tanto en lo universitario como lo técnico profesional, que avance de manera firme hacia etapas más consolidadas en el desarrollo de nuestro país”.

El proyecto de ley fue ingresado a la Cámara Baja en julio de 2016, iniciándose un proceso de audiencias en el que participaron múltiples actores, incluyendo a rectores, organizaciones estudiantiles, expertos y asociaciones de funcionarios, entre otros.  Durante este mes, el Ejecutivo ingresó una indicación sustitutiva que recoge, en gran medida, las observaciones surgidas en este debate.

Uno de los ejes de la iniciativa es la creación de la institucionalidad necesaria para el desarrollo del sistema de educación superior, mediante la instauración de una Subsecretaría y una Superintendencia específica, que proporcionará al Mineduc mejores herramientas para la fiscalización del cumplimiento de la ley y el resguardo de la fe pública.

Se establece una prohibición efectiva del lucro y una sanción penal a quienes la incumplan. También consagra la acreditación institucional obligatoria, eleva los estándares de calidad y la transparencia del Sistema y modifica la composición de la Comisión Nacional de Acreditación, a objeto de evitar conflictos de interés.

También se consagra en ley permanente la gratuidad, que en 2016 benefició a casi 140 mil alumnos y que durante la primera entrega de asignaciones de 2017 ha cubierto a 94.871 alumnos. El proyecto dispone que a partir del año 2018 esta política se extenderá al sexto decil y se establecen las condiciones que permitirán la ampliación de su cobertura.

CAE y universidades estatales
El Ejecutivo anunció además que terminará con el Crédito con Aval del Estado. “El Gobierno es muy claro en su compromiso de eliminar el CAE y reemplazarlo con un nuevo crédito sin participación de la banca. Más aún, nos comprometemos a enviar un proyecto de ley, durante el segundo semestre, con el objetivo de que el CAE deje de operar a fines de 2018”, sostuvo la ministra Delpiano, que agregó que “manifestamos nuestra plena disposición a incorporar, en esta ley de educación superior, una fórmula que garantice y materialice este compromiso”.

A esto se suma el envío, en mayo, de un proyecto de ley que se haga cargo de fortalecer a las universidades estatales y el vínculo entre estas casas de estudios y el Estado.

Estas iniciativas se sumarán a las medidas impulsadas por el Mineduc, en el marco de la Reforma Educacional, para mejorar las condiciones de la formación superior, entre las que se incluyen la Ley del Administrador Provisional, la creación de las nuevas universidades estatales de O`Higgins y Aysén y la instalación gradual de centros de formación técnica en cada una de las 15 regiones del país.

La reforma también ha logrado avances en otros niveles educativos, a través de la fundación de la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Ley de Inclusión Escolar y el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, junto con el proyecto que crea el Sistema de Educación Pública, que permitirá la desmunicipalización de los establecimientos públicos y que actualmente está en tramitación en el Senado.

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